Escrito por el Cr. Federico Cibils

 
Recientemente, se promulgó la Ley 20.352 en Uruguay, una normativa que establece un marco general para las actividades de alojamiento turístico en el país. Esta ley, que entró en vigencia el 19 de septiembre de 2024, junto con la ley 20.380, que entró en vigor el 25 de septiembre de 2024, introducen una serie de reformas clave destinadas a regular y promover el sector turístico e inmobiliario en el país.

Principales Aspectos de la Ley 20.352
La ley apunta a regularizar el hospedaje transitorio en el que se incluyen servicios complementarios como limpieza, atención al turista, gastronomía, entretenimiento y traslados.
Para ello se establece un registro obligatorio para propietarios y administradores en el Registro de Operadores Turísticos. Estos operadores deben mantener un registro actualizado, someterse a inspecciones y proporcionar información al Ministerio de Turismo y al Ministerio del Interior sobre los huéspedes alojados en las propiedades que administran o poseen.
La reglamentación y supervisión de estas actividades quedan a cargo del Poder Ejecutivo, por lo que se espera que a la brevedad se emita su decreto reglamentario en el cual resulta fundamental para detallar y especificar cómo se implementarán las disposiciones de la ley en la práctica.
Impacto en los arrendamientos a través de plataformas como Booking o Airbnb.
La implementación de la Ley 20.352 tendrá un impacto directo en los arrendamientos realizados a través de plataformas como Airbnb:
Registro y Cumplimiento: los propietarios o administradores que alquilan propiedades a través de plataformas deberán registrarse en el Registro de Operadores Turísticos y cumplir con las nuevas regulaciones y posiblemente someterse a inspecciones y proporcionar información
detallada sobre los huéspedes.

 
Transparencia y Seguridad: Los administradores tendrán que cumplir con estándares más estrictos, lo que podría mejorar la calidad y seguridad de los alojamientos ofrecidos.

 
Impacto Económico: El aumento de los costos operativos para los administradores debido a los requisitos de registro y cumplimiento podría llevar a un aumento en los precios de los alquileres para compensar estos costos adicionales.

 
Competencia: Estas exigencias promueven la nivelación de las condiciones entre los alojamientos tradicionales y los alquileres a corto plazo, asegurando que todos los proveedores de alojamiento cumplan con las mismas normas y regulaciones.

 
Fiscalización: Es probable que haya una mayor fiscalización y control sobre los ingresos generados a través de plataformas como Airbnb, lo que podría llevar a una mayor recaudación de impuestos.

Conclusión
En resumen, aunque la Ley 20.352 presenta ciertos desafíos, es indudablemente un paso adelante hacia la regularización y profesionalización del sector de alojamiento turístico en Uruguay. Esta ley no solo busca mejorar la calidad y seguridad de los servicios ofrecidos, sino
también promover un entorno más justo y transparente para todos los actores involucrados. En Fernandez Secco & Asociados, continuaremos monitoreando estos desarrollos y asesorando a nuestros clientes para que puedan adaptarse de manera efectiva a estos cambios.

Por más información contactarse con nuestro staff quienes podrán asesorarle al respecto.