A cargo de Cr. Federico Cibils.

La Ley No 20.130 aprobada a fines de abril de 2023 realizó cambios significativos en el sistema jubilatorio y pensionario de Uruguay; se implementó un nuevo sistema previsional común, basado en un régimen de aportación mixto, aumentó de la edad de jubilación a 65 años, modificación de las causales jubilatorias y la forma de cálculo de las prestaciones, entre otros ajustes.

El principal objetivo de esta nueva ley fue el de equilibrar el presupuesto de todas las instituciones de seguridad social, sin embargo, la reforma resultó insuficiente para asegurar la sostenibilidad de la Caja de Profesionales Universitarios, que ha enfrentado dificultades estructurales durante mucho tiempo.

Para abordar estas preocupaciones y garantizar la viabilidad a largo plazo de la Caja, el Poder Ejecutivo presentó un proyecto de ley conocido como «Ley Express» ante el Parlamento.

Contexto

La Caja de Profesionales Universitarios fue creada en 1954, cubre a más de 54 profesiones y cuenta con aproximadamente 163.000 afiliados, pero solo el 40% de ellos aporta mensualmente al sistema.

La Caja ha enfrentado problemas estructurales y operativos desde 2020, con un déficit operativo anual de casi U$S 50 millones y se proyecta que las reservas financieras se agotarán en 2025, lo que amenaza el pago de jubilaciones y pensiones de los profesionales.

Aspectos Clave del Proyecto de Ley:

El proyecto de ley «Ley Express» busca abordar y combatir la insostenibilidad financiera de la Caja de Profesionales Universitarios mediante un conjunto de medidas. A continuación, comentamos las medidas más relevantes:

  • Aumento de los Aportes de Afiliados Activos: Se propone aumentar los aportes de los afiliados activos, pasando del 16.5% al 19%, con la posibilidad de aumentar hasta un máximo de 22.5% si el déficit operativo persiste.
  • Contribución de Pasivos: Los jubilados y pensionistas deberán realizar una contribución que varía del 0% al 10% sobre el monto de sus prestaciones.
  • Mayor Fiscalización: El proyecto permite el intercambio de información entre la Caja y otras instituciones estatales para mejorar la fiscalización de los afiliados y detectar evasores.
  • Modificación en la Cantidad de Categorías: Se propone aumentar de 10 a 15 las categorías para suavizar los incrementos de aportación a lo largo de la carrera profesional.
  • Asistencia Financiera del Estado: El gobierno proporcionará asistencia financiera anual a partir de 2025 hasta 2036, condicionada al aumento de la tasa de aportación de los afiliados activos.

En resumen, el proyecto de ley incluye una serie de medidas que podrían generar preocupaciones económicas para profesionales activos y pasivos, pero parecen ser necesarias para garantizar la sostenibilidad de la Caja en el mediano plazo.

Para obtener más información al respecto, le invitamos a ponerse en contacto con nuestro equipo de profesionales, quienes encantados le brindarán asesoramiento detallado.