Beneficio de buen pagador en BPS y DGI

Escrito por Cra. Erika Alvira

En Uruguay, tanto el Banco de Previsión Social (BPS) como la Dirección General Impositiva (DGI) otorgan beneficios a los contribuyentes que mantienen un historial de pagos regulares. Estos incentivos buscan premiar la responsabilidad fiscal y reducir costos para quienes cumplen con sus obligaciones a tiempo.

Beneficio de Buen Pagador en BPS

El BPS brinda ciertos beneficios a los contribuyentes que han demostrado compromiso con el pago puntual de sus aportes. Entre ellos:

  • Pago sin multas ni recargos: Aquellos que han sido buenos pagadores en el último año pueden pagar sus obligaciones sin multas ni recargos, siempre que el pago se realice entre el día posterior al vencimiento y el último día del mes.
  • Bonificación para micro y pequeñas empresas: Se otorga una bonificación de hasta 15% sobre las obligaciones jubilatorias patronales del mes de diciembre para empresas que cumplen con los requisitos de pago regular. El descuento se realiza en forma automática, aplicándose en la factura de aportes de diciembre que se pagan en enero.

No están comprendidas en esta bonificación las empresas que gozan de exoneración total de aportes patronales jubilatorios. Aquellas con exoneración parcial tendrán aplicada la bonificación solo sobre la porción no exonerada.

Un contribuyente es considerado microempresa cuando ocupa hasta 4 personas, incluyendo sus titulares, y pequeña empresa cuando ocupa hasta 19 personas. Este criterio está definido en el Decreto 153/019.

Es importante tener en cuenta algunas particularidades para calificar al beneficio del 15%:

  • Para empresas con doble aportación (mismo número de empresa/contribuyente), el estudio se realiza por separado. El atraso en una no invalida a las demás.
  • En el sector construcción, el análisis se realiza por número de obra, controlando los aportes del titular obligado según la Ley 14.411.
  • En el sector rural, se aplica la bonificación sobre las obligaciones patronales jubilatorias incluidas en el aporte unificado del sector.

Este beneficio está respaldado por el Artículo 9 de la Ley 17.963, que otorga al Poder Ejecutivo la facultad de conceder una bonificación a los buenos pagadores sobre las obligaciones jubilatorias patronales. Posteriormente, la Ley 19.699 estableció la posibilidad de una bonificación de hasta 15% para micro y pequeñas empresas.

Beneficio de Buen Pagador en DGI

La DGI también reconoce la conducta de buen pagador con ciertos beneficios que pueden aliviar la carga fiscal de los contribuyentes responsables. El Artículo 94 del Código Tributario establece que aquellos con antecedentes de buen pagador pueden realizar el pago de sus obligaciones sin incurrir en multas ni recargos.

Asimismo, la Resolución DGI 1-13/2008 determina los requisitos y procedimientos para acceder a este beneficio.

  • Exoneración de multas y recargos: Los contribuyentes que cumplen con sus pagos en tiempo y forma pueden solicitar la aplicación del Artículo 94 del Código Tributario, lo que les permite evitar sanciones por pagos fuera de plazo.

A diferencia del beneficio en BPS, en DGI se debe realizar una solicitud previa. El procedimiento se realiza a través de los servicios en línea de DGI, en la sección Pagos > Cambio de imputación, seleccionando la opción «Art. 94 CT Buen Pagador».

Por más información, contactarse con nuestro staff, quienes podrán asesorarle al respecto.

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Consideraciones prácticas sobre el aguinaldo en la actividad privada

Escrito por la Lic. Dayhanna Sena

El aguinaldo, también conocido como sueldo anual complementario, es una obligación establecida por la ley n.º 12.840 para todos los empleadores del sector privado. Esta ley dispone que el aguinaldo debe abonarse a los trabajadores dentro de los diez días previos al 24
de diciembre.
Aunque originalmente la ley previó un único pago anual, el decreto-ley n.º 14.525 facultó al Poder Ejecutivo a disponer su fraccionamiento en dos pagos semestrales: el primero, correspondiente al período diciembre-mayo, debe abonarse durante el mes de junio, y el segundo, correspondiente a junio-noviembre, debe abonarse en los días previos al 24 de diciembre.
En general, el Poder Ejecutivo establece cada año las fechas específicas de pago mediante un decreto. A la fecha de redacción del presente informe, aún no se ha publicado el correspondiente al año 2025.


Concepto   de   aguinaldo

El artículo 2 de la ley n.º 12.840 define el aguinaldo como la doceava parte del total de sueldos o salarios percibidos en los doce meses anteriores al 1° de diciembre de cada año, es decir, entre el 1° de diciembre de un año y el 30 de noviembre del año siguiente.


A los efectos de esta norma, se considera “sueldo o salario” aquellas partidas que cumplan, en forma simultánea, con las siguientes condiciones:
∙Constituyan prestaciones en dinero.
∙Sean abonadas por el empleador.
∙Tengan origen en la relación laboral.
∙Tengan carácter remuneratorio.


Dada la definición, ejemplificaremos algunas partidas que deberán ser incluidas en su base de cálculo:
∙Sueldos y jornales;
∙Comisiones;
∙Horas extras, descansos trabajados y feriados;
∙Licencia anual;
∙Quebranto de caja;
∙Alimentación y vivienda, exclusivamente para los trabajadores rurales;
∙Salario vacacional. 

Aunque el decreto 49/000 estableció que no corresponde computar esta suma a los efectos del cálculo del aguinaldo por considerar que no tiene carácter remuneratorio, existe doctrina y jurisprudencia mayoritaria en sentido contrario.


Por el contrario, algunas de las que quedarán excluidas son:
∙Aguinaldo legal y habilitaciones o participaciones acordadas sobre los beneficios de las empresas, excluidos por la propia ley;
∙Propinas, ya que no son pagas directamente por el empleador;
∙Prestaciones en especie, como, por ejemplo, el uso de la vivienda, la alimentación en el lugar de trabajo o la utilización de vehículos;
∙Gratificaciones con motivos específicos, no vinculados a la prestación propia del trabajo (matrimonio, nacimiento de hijos, recibimientos, etc.);
∙Indemnizaciones, compensaciones o prestaciones de actividad abonadas por organismos de seguridad social.


¿Cómo   se   calcula?

Para cada medio aguinaldo, sumaremos las partidas computables correspondientes al semestre respectivo (diciembre-mayo o junio-noviembre), a valor histórico y nominal, y el resultado se divide entre doce.
Cuando la relación laboral finaliza antes del pago del aguinaldo (ya sea por despido, renuncia, jubilación u otra causa), el trabajador tiene derecho a percibir la parte proporcional por el tiempo efectivamente trabajado, salvo en los casos de despido por notoria mala conducta.
Asimismo, cuando el trabajador ingresó con posterioridad al inicio del semestre respectivo, corresponde el pago proporcional, sin que se exija una antigüedad mínima.


Aportes   a   la   seguridad   social   e   IRPF

El aguinaldo está sujeto a los mismos aportes personales que el salario, por lo que sobre su monto nominal se deberá calcular el aporte jubilatorio1, el FRL y el seguro de enfermedad.
Con relación al adicional al SNIS, el importe del aguinaldo no se suma al resto de la remuneración para determinar si se supera el tope de 2,5 BPC. No obstante, se le aplica el mismo porcentaje adicional que corresponda al salario del mes respectivo.
En materia del IRPF, el aguinaldo no se computa para determinar la retención del anticipo mensual, sino que se incluye exclusivamente en el ajuste anual del mes de diciembre. En esta oportunidad, se grava de forma independiente, aplicando la tasa proporcional correspondiente a la franja en que se ubiquen el resto de los ingresos anuales gravados.
En cuanto a los aportes patronales, sobre el aguinaldo no se pagará el 5% correspondiente al seguro por enfermedad, manteniéndose al pago de los tributos restantes (aporte jubilatorio, FRL, FGCL y prima al BSE).

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Pagos   complementarios   al   aguinaldo

1En el régimen mixto, el aporte jubilatorio sobre el aguinaldo se encuentra topeado en $136.282, equivalente al 50 % del límite aplicable a las AFAP. 

A efectos de delimitar los niveles previsionales, el aguinaldo se considera un ingreso independiente. Si el trabajador no está comprendido en dicho régimen, deberá aportar sobre el total de la partida abonada en cada oportunidad.
Si la empresa otorga, por decisión propia, por acuerdo de consejo de salarios o convenio colectivo, un complemento al aguinaldo legal, este debe registrarse como un concepto separado en el recibo y tributar de acuerdo con su naturaleza.

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Prórroga de beneficios fiscales para el sector turismo

Escrito por Cra. Florencia Gómez

El pasado 28 de abril se publicó decreto N.º 93/025 que prorroga hasta el 30 de abril de 2026 la reducción de 9 puntos porcentuales de IVA para un conjunto de operaciones vinculadas al sector del turismo, siempre y cuando la contraprestación se efectúe mediante el uso de tarjetas de crédito, tarjetas de débito, instrumentos de dinero electrónico o instrumentos análogos.

Las operaciones que se encuentran comprendidas son:

  1. Servicios gastronómicos cuando sean prestados por bares, cantinas, confiterías, salones de té y similares, o por hoteles moteles, apart hoteles, hostelerías, estancias turísticas, hoteles de campo, granjas turísticas, posadas de campo, casas de campo y camping hostels, siempre que en dichas prestaciones no integren el concepto de hospedaje.
  2. Servicios de catering para la realización de fiestas y eventos ni incluidos en el punto anterior
  3. Servicios para fiestas y eventos, no incluidos en el literal anterior.
  4. Arrendamientos de vehículos sin chofer.
  5. Los servicios de mediación en el arrendamiento de inmuebles con destino turístico.

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Declaración jurada al Fonasa

Escrito por la Lic. Dayhanna Sena

Como todos los años, los titulares de servicios personales —profesionales y no profesionales— que desarrollan actividad fuera de la relación de dependencia, ya sea en forma individual o a través de sociedades de hecho o sociedades civiles, están obligados a presentar la declaración jurada anual al Fondo Nacional de Salud (FONASA).

El Banco de Previsión Social (BPS) informó el plazo en el que los contribuyentes deberán presentar la declaración correspondiente al ejercicio 2024, sin incurrir en multas. Para ello, se estableció un calendario según el último dígito del número de empresa.

DIGITO

VENCIMIENTO

0, 1 y 2

23/4/2025

3, 4 y 5

30/4/2025

6, 7, 8 y 9

7/5/2025

 

Esta obligación alcanza a todas las empresas que se encuentren activas en el BPS, aun cuando sus titulares se hayan amparado en el art. 25 del decreto 221/011, o no hayan accedido al beneficio de la cobertura médica por no haber alcanzado el mínimo de facturación exigido (30 BPC para quienes accedan al Seguro Nacional de Salud exclusivamente por esta actividad). 

Es importante tener en cuenta que, para realizar esta gestión, se requiere contar con usuario personal del BPS, ya que el trámite se realiza íntegramente en línea. Asimismo, los titulares de las empresas deben haber constituido domicilio electrónico ante el organismo.

Principales aspectos para considerar a los efectos de su presentación

En términos generales, se deben declarar los importes facturados mensualmente sin IVA, indicar si se trata o no de una actividad exclusiva de servicios personales, detallar el monto imponible al FONASA y la obligación tributaria correspondiente.

Se considera actividad exclusiva cuando el acceso al Sistema Nacional de Salud (SNS) se produce únicamente a través de la actividad de servicios personales, es decir, cuando el titular no fue beneficiario del sistema por otra actividad o por una pasividad.

El monto imponible al FONASA se determina aplicando a los importes facturados sin IVA los porcentajes correspondientes, según se trate de una actividad comprendida en el IRPF o en el IRAE. Sobre ese valor, se deberá aplicar la tasa correspondiente según las cargas familiares del titular, lo que dará como resultado el monto de la obligación a pagar. En el caso de quienes desarrollen actividad exclusiva, este importe estará sujeto al aporte mínimo establecido por el Costo Promedio Equivalente (CPE).

Es importante tener en cuenta que, en la columna “obligación FONASA”, solo deben incluirse los importes mensuales correspondientes a la obligación generada por la actividad de servicios personales, hasta alcanzar el tope anual establecido.

El tope anual representa el importe máximo del aporte que debe realizarse al FONASA en cada ejercicio. Para su cálculo, se toma como base el valor mensual del CPE, incrementado en un 25%, correspondiente al titular y a las personas a su cargo que hayan recibido cobertura del Sistema Nacional de Salud (hijos, cónyuge o concubino). La suma de los montos mensuales del período determina el importe del tope anual.

En resumen, el cálculo se puede expresar de la siguiente forma:

Tope anual = CPE × 1,25 × cantidad de beneficiarios (titular + hijos y/o cónyuge o concubino) × cantidad de meses con cobertura

Para el cómputo del CPE, se toma en cuenta la cantidad de personas alcanzadas por la cobertura. En el caso de los hijos menores de 18 años o mayores con discapacidad (siempre que estos no obtengan el beneficio por su propia actividad o pasividad), el cómputo se divide por partes iguales entre quienes generan el amparo. Por ejemplo, cuando ambos padres otorgan la cobertura médica a un hijo, deben considerar 0,5 CPE por cada mes en que el hijo obtuvo el beneficio.

Cabe aclarar que, si la suma de sus aportes al FONASA durante el ejercicio resulta inferior al tope anual, no debe completar la diferencia hasta alcanzar dicho tope, siempre que los anticipos se hayan realizado correctamente.

Recuerde que, si tiene actividad exclusiva de servicios personales y, por no alcanzar el mínimo de facturación en el ejercicio, dejó de ser beneficiario de cobertura mutual, igualmente está obligado a presentar la declaración jurada. En caso de no haber recuperado el beneficio en todo el año, deberá informar en la declaración los importes facturados sin IVA para cada mes. En este caso, el monto imponible para todo el año será igual a 0 y el código de seguro de salud deberá indicar que “no es beneficiario” (código 9). Asimismo, la obligación FONASA será 0 por no existir obligaciones tributarias. 

En este sentido, es fundamental actualizar dentro del plazo establecido el código del seguro de salud, indicando la pérdida de cobertura mutual, para evitar el cargo por reintegros mutuales. 

Además, si se detecta que el código del seguro de salud que aparece en la declaración jurada no es correcto, corresponde realizar la modificación para ajustarlo a la situación familiar del titular. Mantener actualizada la información sobre vínculos personales es esencial para registrar correctamente las cargas familiares, así como realizar los cambios de seguro de salud dentro del plazo establecido para evitar los cargos mencionados.

Al finalizar la declaración, el resultado puede arrojar diferencias acreedoras o deudoras. En el primer caso, los aportes en demasía realizados durante el ejercicio serán considerados al momento de efectuar la devolución, lo que generalmente ocurre en setiembre. En caso de detectarse diferencias deudoras, podrá descargar el importe correspondiente desde el mismo aplicativo y se emitirá una factura con vencimiento del día de la emisión.

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Novedades BPS: Ahora podés descargar tus facturas por WhatsApp

Escrito por Cr. Federico Cibils

En el marco del proceso de actualización tecnológica que están atravesando diversos entes del estado, el Banco de Previsión Social (BPS) ha lanzado un nuevo y práctico canal para la obtención de facturas de aportes mensuales. Esta iniciativa forma parte de un esfuerzo continuo por modernizar y optimizar los servicios públicos, facilitando el acceso y la gestión de información para los ciudadanos y empresas.

Las empresas unipersonales sin dependientes de Industria y Comercio o Rural, así como los empleadores de trabajadoras domésticas, ahora pueden descargar sus facturas por WhatsApp a través del número 099 002 001.

Este innovador servicio permite a los titulares de las empresas acceder a sus facturas de manera instantánea y automática. Además, ofrece la posibilidad de visualizar directamente el pago en línea con todos los datos cargados, facilitando así la gestión de los aportes mensuales.

Para utilizar este nuevo canal, es necesario que el titular de la empresa cuente con un Usuario Personal BPS y se contacte desde el celular que se encuentre registrado en el sistema. Esta medida busca simplificar los procesos administrativos y mejorar la experiencia de los usuarios, brindando una solución rápida y eficiente.

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Extensión del plazo para presentación de megaproyectos inmobiliarios. 

Escrito por: Cr. MBA. Joaquín Fernández Giambruno. 

El pasado 02/04/2025 fue publicado el Decreto 85/025 que extendió el plazo para la presentación ante la COMAP y ejecución de los proyectos inmobiliarios de gran dimensión en el marco del régimen de promoción de inversiones para la actividad de construcción. 

Se otorga una nueva redacción al Art. 3 del Decreto 138/020, que establece cuales son las inversiones comprendidas:  

“ARTÍCULO 3º. Inversiones comprendidas. Quedan comprendidas en la presente declaratoria las inversiones ejecutadas:

a) hasta el período de 60 (sesenta) meses, contados a partir de la fecha en la que el Gobierno Departamental correspondiente otorgue el permiso de construcción para los proyectos establecidos en el literal a) del artículo 2º del presente Decreto.

b) hasta el período de 72 (setenta y dos) meses, contados a partir de la entrada en vigencia del presente Decreto, para proyectos establecidos en el literal b) del artículo 2º del presente Decreto.

Será condición necesaria en todos los casos que:

– los proyectos hayan sido presentados con anterioridad al 1º de enero de 2026, y

– el período de inversiones ejecutadas no se extienda más allá del 30 de setiembre de 2028.”

El presente plazo ya había sido extendido en varias oportunidades a través de los Decretos 225.021, 155.022 y 248.023 con el objetivo de promover la industria de la construcción de gran dimensión, complementando el régimen de vivienda promovida. 

¿Cuáles son los beneficios para la actividad de construcción de gran dimensión económica? 

Con el objetivo de dinamizar actividades intensivas en empleo y generar externalidades positivas hacia otro sectores de la economía, el régimen de promoción de inversiones para la actividad de construcción otorga exoneraciones en el Impuesto a la renta de las actividad económicas (IRAE), Impuesto al patrimonio (IP), tributos de importación y devoluciones del Impuesto al Valor Agregado (IVA) asociado a la obra civil. 

Exoneración de IRAE: 

El presente régimen otorga exoneraciones al Impuesto a la Renta de las Actividades Económicas en función de la dimensión económica del proyecto inmobiliario, de acuerdo con el siguiente cuadro de resumen: 

Valor inversiones en U.I. desde

Valor inversiones en U.I. hasta

% exoneración sobre inversión elegible

30.000.000

40.000.000

5%

40.000.001

60.000.000

10%

60.000.001

90.000.000

15%

90.000.001

205.000.000

20%

205.000.001

287.000.000

25%

287.000.001

574.000.000

30%

Desde 574.000.001

40%

Las empresas promovidas podrán hacer uso de este beneficio para pagar parte sus obligaciones del IRAE. La exoneración no podrá exceder el 90% del IRAE a pagar en cada ejercicio. 

Exoneración al IP:

La exoneración al impuesto al patrimonio alcanza el total del terreno y las mejoras por un período de 8 años para proyectos ubicados en Montevideo y 10 años en el interior del país. 

Para bienes muebles ubicados en zonas comunes, el período de exoneración del impuesto al patrimonio se extiende a la totalidad de su vida útil. 

Exoneración de tributos de importación: 

En este caso la exoneración aplica a todos los tributos de importación de equipos, máquinas y materiales destinados a la obra civil y los muebles destinados a las áreas comunes. 

La exoneración está condicionada a que la importación sea realizada directamente por la empresa promovida y los bienes importados no sean competitivos de la industria nacional. 

Devolución del IVA. 

Se otorga un crédito en certificados de crédito electrónicos de forma análoga al régimen de exportados, por el total del Impuesto al Valor Agregado correspondiente a las adquisiciones de equipos, máquinas, materiales y servicios destinados a la obra civil y los bienes muebles para las áreas comunes. 

Por más información contactarse con nuestro staff quienes podrán asesorarle al respecto.

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Nuevos Requisitos para Comprobantes Fiscales Electrónicos en el Sector de la Construcción

Escrito por Cr. Federico Cibils

La Dirección General Impositiva (DGI) ha introducido cambios importantes mediante la Resolución DGI 590/2025, publicada el 28 de febrero de 2025. Estos cambios afectan la documentación de operaciones en el sector de la construcción a través de Comprobantes Fiscales Electrónicos (CFE) y entrarán en vigor el 1º de julio de 2025.

Documentación de Operaciones

A partir de la fecha mencionada, las empresas registradas bajo el giro 41000 (Construcción de obras de arquitectura), incluso si este no es su giro principal, deberán incluir en sus documentos de operaciones relacionadas con inmuebles el Código DGIINM. Este código identificará tanto el inmueble como el tipo de operación reflejada en el comprobante.

Detalles Técnicos

Las especificaciones para el uso del Código DGIINM estarán disponibles en el Portal e-factura del sitio web de la DGI una vez se publique el Formato para CFE V 25. Es importante señalar que esta versión aún no está disponible, por lo que la exigencia del nuevo requisito comenzará el 1º de julio de 2025.

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Nuevo programa de Propiedad Intelectual para mujeres emprendedoras en América Latina

La Dirección Nacional de la Propiedad Industrial del Ministerio de Industria, Energía y Minería (DNPI-MIEM) y la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) han lanzado la segunda edición del Curso de Propiedad Intelectual para Mujeres Emprendedoras de América Latina. Este programa tiene como objetivo fortalecer la participación de las mujeres en el ecosistema de propiedad intelectual, promoviendo la gestión efectiva de activos intangibles y facilitando el acceso a redes de pares para potenciar vínculos asociativos.  
 
El curso está estructurado en tres fases y seleccionará a 40 empresas beneficiarias (entre 10 y 15 por país participante). Los criterios de selección incluyen tener al menos un año de operación y carecer de conocimientos previos o contar con una comprensión básica de la propiedad intelectual.
 
Las fases del proyecto son:
1. Formación: Sesiones virtuales (sincrónicas y asincrónicas) y sesiones de “speed mentoring” para proporcionar conocimientos prácticos sobre el uso de la propiedad intelectual en planes de negocio, valoración de activos intangibles, modelos de negocio y estrategias de innovación.

2. Mentoría personalizada: Hasta 8 participantes seleccionadas recibirán apoyo individualizado para integrar la propiedad intelectual en sus estrategias empresariales.

3. Divulgación: Difusión de casos de éxito a través de los canales oficiales de la OMPI.
 
Las interesadas pueden postularse a través del sitio web oficial del MIEM.
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Consideraciones prácticas sobre el feriado 1° de Marzo.

Escrito por: Dayhanna Sena.

Aspectos generales

El pasado sábado 1º de marzo se produjo el traspaso del mando presidencial y en este informe compartiremos las diferentes implicancias que este día tuvo en el ámbito laboral.

El decreto-ley nº 10.396, en su redacción dada por la ley nº 11.795, estableció que el 1º de marzo es feriado siempre que coincida con la transmisión del mando presidencial. Por su parte, el decreto nº 154/972 declara por vía interpretativa que este feriado será no laborable y el decreto nº 120/985 agrega que tendrá el carácter de pago, es decir que da lugar al pago de la remuneración a todo trabajador como si hubiera trabajado, y en caso de hacerlo, doble paga.

Consideraciones en el ámbito laboral

Al ser declarado como feriado no laborable, el trabajador tiene derecho a descansar, por ende, no puede ser obligado a prestar servicios. En este sentido, se genera una situación similar al día de descanso semanal.

Además, este feriado ha sido declarado pago a través del decreto mencionado, aspecto que ha sido cuestionado por la doctrina y el TCA (sentencia 559/020). De todas formas, al otorgarse tal carácter, se genera un impacto en la remuneración del trabajador, lo que puede resumirse de este modo:

  • Cuando en dicho día no se trabaje:
  1. Mensuales: percibirán su salario sin sufrir descuento alguno por tal festividad. 
  2. Jornaleros: percibirán el valor de su jornal. 
  3. Destajistas y quienes tengan remuneración variable: se retribuirá con el promedio de lo percibido en las últimas 12 jornadas previas al feriado.
  • Cuando en dicho día se preste servicios:
  1. Mensuales: recibirá una remuneración equivalente a 1/30 de su sueldo.
  2. Jornaleros: percibirá el valor de dos jornales.
  3. Quienes perciban remuneración variable tendrán derecho al doble de lo efectivamente ganado en dicho feriado o al promedio mencionado en el punto anterior más lo efectivamente ganado en el día.

Teniendo en cuenta que este 1º de marzo aconteció un sábado, mención especial merecen quienes tengan la jornada de dicho día redistribuida en el resto de la semana. En este sentido, se considera que fictamente han trabajado las horas correspondientes al sábado, por lo que deberá pagarse el recargo correspondiente, excepto que las horas redistribuidas de la semana del feriado no se hayan trabajado. 

La remuneración del feriado se debe abonar en el primer día de pago habitual siguiente.

Por último, debemos tener presente que en caso de que este feriado haya coincidido con el día de descanso semanal del trabajador, corresponderá su pago como si se hubiera trabajado, y en caso de hacerlo, doble paga, sin acumularse los recargos por trabajo en feriado y en día de descanso.

Por cualquier consulta, no dude en contactarse con nuestro equipo de profesionales. 

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REGISTRO DE SOFTWARE EN DNPI – MIEM

Escrito por la Dra. Elisa Martínez

Nos complace informar que con fecha 20 de febrero de 2025 se sancionó el Decreto reglamentario No. 39/2025 (en adelante, el “Decreto”) que reglamentó el artículo 271 de la Ley 20.212 que creó el “Registro de Software” en la órbita de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial del Ministerio de Industria, Energía y Minería (en adelante, la “DNPI”). Anteriormente, este registro se encontraba en la órbita del Ministerio de Educación y Cultura (en adelante, el “MEC”) dentro de la Biblioteca Nacional del Uruguay. 

Cabe destacar que el Decreto estableció los requisitos formales e información que deberá ser incluida con la solicitud del registro del software, al mismo tiempo que declaró la confidencialidad de regla del contenido de las obras que se presenten en dicho registro. 

Por su parte, el Decreto estableció el procedimiento que se seguirá ante la DNPI una vez que se solicite el registro de un Software, el que incluye la etapa de solicitud de registro del software, un examen formal de la solicitud por parte de la DNPI y una instancia para evacuar las observaciones formales en un plazo de 15 días hábiles. 

De no existir observaciones formales o habiendo subsanado las mismas, se publicará la solicitud del registro en el Boletín de la Propiedad Industrial de la DNPI por una única vez.

El Decreto reguló también el procedimiento de oposiciones contra el registro de un software, lo que podrá ser presentado por aquellos que sean titulares de un derecho subjetivo o de un interés directo personal y legítimo dentro de un plazo de 30 días corridos y perentorios desde la publicación. 

A su vez, se le conferirá traslado de dicha oposición al solicitante del registro quien tendrá también un plazo de 30 días corridos y perentorios para evacuarlo. Eventualmente, la DNPI podrá disponer la apertura del expediente a prueba ya sea de oficio o a petición de parte por el término de 60 días corridos y perentorios. 

Por último, el Decreto reguló la posibilidad de solicitar la anulación o la reivindicación de un registro de Software, los que se regirán por el mismo procedimiento establecido para las oposiciones. 

En definitiva, lo que se procura con el traspaso del registro de software desde la órbita del MEC a la órbita del MIEM-DNPI es, por un lado, acelerar y generar mayor eficiencia en la protección de un sector que es estratégico en nuestro país; al mismo tiempo que hacer uso de las herramientas existentes en la DNPI que es sin dudas un organismo plenamente especializado en la materia y en concreto para este tipo de registros. Queda a disposición de los solicitantes un sistema de presentación completamente en línea y una base pública que da la posibilidad de seguir los trámites en tiempo real en todo momento.

En caso de que deseen obtener más información acerca del funcionamiento del registro, así como de los requisitos para solicitar el mismo, quedamos a sus órdenes. 

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Software Registration in DNPI – MIEM 

Written by Dra. Elisa Martínez. 

We are pleased to inform you that on February 20, 2025, Decree No. 39/2025 (hereinafter, the “Decree”) was enacted, regulating Article 271 of Law 20.212, which created the Software Registration under the National Directorate of Industrial Property (DNPI) within the Ministry of Industry, Energy, and Mining (MIEM). Previously, this registration was under the jurisdiction of the Ministry of Education and Culture (MEC), specifically within the National Library of Uruguay.

The Decree establishes the formal requirements and necessary information for software registration applications, while also declaring confidentiality as a general rule for the submitted works.

Additionally, the Decree outlines the procedure before the DNPI when applying for software registration. This process includes:

•Application submission

•Formal examination by DNPI

•A 15-business-day period to resolve any formal observations

If there are no objections, or once they have been resolved, the registration request will be published once in the DNPI’s Industrial Property Bulletin.

The Decree also regulates the opposition procedure against software registrations. Those holding a subjective right or direct, personal, and legitimate interest may file an opposition within 30 calendar days from the publication date.

The applicant will be notified of the opposition and will have 30 calendar days to respond. If necessary, DNPI may open an evidentiary phase for up to 60 calendar days, either ex officio or upon request.

Lastly, the Decree establishes the possibility of requesting annulment or claiming ownership of a registered software, which will follow the same procedure as opposition cases.

The goal of transferring software registration from MEC to MIEM-DNPI is to accelerate and improve efficiency in protecting a strategic sector for Uruguay. Additionally, it leverages DNPI’s specialized tools and expertise, ensuring a more effective and transparent process. Applicants now have access to an entirely online submission system and a public database that allows real-time tracking of their requests.

For further information on the registration process and requirements, feel free to contact us.

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